Por: Ernesto Velit Granda, Analista político
A PROPÓSITO DEL MENSAJE A LA NACIÓN
Sin dejar de reconocer los logros enumerados en el mensaje presidencial ni la honestidad de los fracasos asumidos, podemos afirmar que, en puerta de concluir la administración del presidente García, la oportunidad de lograr un nuevo contrato social se frustró y, junto con ella, la esperanza de millones de peruanos.
Cuando se señala lo avanzado en lo económico —en lo internacional, en las tímidas reformas de salud y educación, en la producción, etc.—, pero al mismo tiempo se reconoce también con timidez que la corrupción devora las entrañas del Estado, la inseguridad obliga a un permanente cierra puertas y la justicia es un barco que hace agua por todas partes, tenemos obligatoriamente que aceptar que las limitadas reformas llevadas adelante por el Gobierno podrían resultar menos trascendentes que lo esperado, al no formar parte de un cuerpo integrado en lo que debería ser un nuevo contrato social.
Si los autores insisten en convertir los cambios en una avalancha de números y porcentajes, dejando de lado el valor de lo que significa mejorar las condiciones de existencia de millones de peruanos, tendremos que traducir las medidas en meros procedimientos cosméticos que ponen en duda hasta lo poco logrado.
Se hace difícil entender si los más de doscientos niños muertos de frío, hasta hoy y al interior del país, por culpa de un Estado que no supo protegerlos ante una agresión climática que se veía venir, pertenecen a un país que se dice emergente y que se jacta de estar en puerta de incorporarse al Primer Mundo, como alguna embriaguez oficial pretende convencernos.
Alguna vez Albert Camus afirmó: “La razón no prueba nada, se puede tener razón y ser injusto”.
Esta aparente desproporción entre lo que sostienen los políticos y lo que viven las mayorías pone en duda hasta el concepto de soberanía y se transforma, finalmente, en instrumento para ejercicio del poder.
De allí que aquella afirmación de que fue un mensaje para el Congreso, mas no para la nación, cobra fuerza y se confirma como realidad deplorable.
De allí, también, que muchas leyes nacientes en el ejercicio legítimo del poder solo son producto de ajustes a modelos importados y productos de la modernidad antes que interpretación racional de comportamientos ciudadanos.
Un contrato social, como el que nos hace falta, agrupa e interpreta las políticas globales de desarrollo social y político, y define los espacios de lo que son la autoridad política y la sociedad civil, basándose en la libertad del individuo garantizada por un Estado que se legitima en su relación con el pueblo.
Este contrato social, garantía de subsistencia democrática, pudo ser obra de este gobierno y su partido, que arrastraban consigo una deuda con el país, que les ofreció la oportunidad de honrarla.
Ya es tarde para ponerlo en agenda y vemos que nadie lo menciona para las circunstancias que vienen, ni en la social democracia y sus variantes ni en la utopía revolucionaria.
Hay que unir fuerzas si no se pueden crear nuevas, hay que consolidarlas y señalarles objetivos comunes, hay que crear nuevos valores que permitan legitimar la democracia como el sistema que ofrece, dentro de la libertad y el orden, la decisión libre de nuestros ciudadanos de gobernarse a sí mismos.
Creo que ninguna de las candidaturas para el 2011, reconocidas hasta hoy, es garantía de que algo parecido suceda en el país.
