2/25/2010.- El Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén; y el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunciaron el pasado miércoles 17 de febrero de 2010, la suspensión indefinida de las actividades exploratorias de la minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor, ubicada en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
Las actividades de Afrodita se venían desarrollando en dicha zona sin la consulta ni el consentimiento de las comunidades indígenas; a ello se suma el hecho de que la minera no pudo acreditar el "derecho de uso del terreno a ser explorado", todo lo cual llevó a que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) suspenda las labores de exploración.
Esta suspensión se ha efectuado tras varios reclamos realizados por las 52 comunidades nativas que habitan en la Cordillera del Cóndor, quienes denunciaron a Afrodita por contaminar con mercurio y cianuro los ríos Cenepa y Marañon, afectando a más de 13 mil pobladores indígenas. Por ello, las comunidades tenían previsto realizar una protesta en el norte y oriente del país, para este 22 de febrero.
Sin embargo, las demandas de las comunidades indígenas no se reducen a las actividades que venía realizando Afrodita: también demandan que el Gobierno restablezca la ampliación e intangibilidad del Parque Nacional Ichikat Muja. Y es que, el 9 de agosto de 2007, el Ejecutivo acordó mediante el Decreto Supremo Nº 023- 2007–AG (publicado el 10 de agosto de ese año en El Peruano) establecer como área natural protegida al Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor y la Reserva Comunal Tuntanain.
Por esa razón, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha enviado una carta al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de Energía y Minas y al Ministro de Medio Ambiente, para saludar esta decisión de suspender las actividades de la minera Afrodita en la zona, pero a la vez, para exhortarlos a que restituyan la extensión original de 152,000 hectáreas intangibles, las cuales fueron acordadas entre el estado y las comunidades nativas mediante el proceso de consulta previa, pero que en la actualidad son solo 60,000 hectáreas reservadas en la actualidad.
El pedido del IDL se basa en que se debe dejar sin efecto las concesiones mineras que existen sobre un área de extrema fragilidad ambiental y que es cabecera de cuencas de varios ríos, y que fueron concedidas con la oposición expresa de los pueblos indígenas que habitan allí. Además, se sabe que la Cordillera del Cóndor se ubica en la frontera con Ecuador, y la Constitución Política prohíbe actividades de empresas extranjeras dentro de los 50 km. de la línea de frontera.
Que el Gobierno tome este tipo de medidas es muy importante, pues sería un mensaje para los Pueblos Indígenas amazónicos de que sus legítimas demandas pueden ser atendidas dentro del Estado de Derecho.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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